Sembla que l’art del «chanchullo» no s’exerceix solament en l’Espanya profunda i rància. També en la moderna Catalunya, on ens volen fer creure que els polítics i empresaris són diferents, alguns fiquen la mà on no s’ha de fer. Us deixem un text dels companys de la secció sindical del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el qual s’expliquen algunes aventures de càrrecs públics, subcontractes i negocis rodons.
En Julio de 2013, la Sección Sindical de la CNT-AIT en el Departament de Territori i Sostenibilitat ganó un intenso conflicto laboral por tráfico ilegal de mano de obra contra el Departament, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI, empresa 100% pública y propiedad de la Generalitat), Informática El Corte Inglés (IECISA), Serikat y Cast Info, consiguiendo además la nulidad de sus despidos por vulneración de derechos fundamentales (vulneración de huelga, represión sindical y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva). Durante el Juicio quedó demostrado que la Generalitat de Catalunya pagaba más de 81.000€ al año por trabajador, cuando algunos compañeros no cobraban ni una cuarta parte, sin que las empresas privadas aportaran absolutamente nada. El rocambolesco proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, os recomendamos la lectura del artículo publicado al respecto.
Tras la readmisión de nuestros compañeros como personal laboral indefinido, la mafia política les tiene tanto miedo que los hicieron constar en una lista de personas non gratas, prohibiéndoles la entrada al edificio y pagándoles el salario sin tener que trabajar.
Durante el conflicto y tras el despido en plena jornada de Huelga, los compañeros no se quedaron quietos y en Noviembre de 2011 presentaron una denuncia ante la Oficina Antifrau de Catalunya, por una serie de “irregularidades” en las adjudicaciones de los servicios informáticos subcontratados, especialmente por parte del Director Informático del Departament, Joan Ignasi Laquente i Ballester, ya que otorgó contratos a IECISA (donde trabaja su mujer) y a Seidor (donde trabaja su hija y su buen amigo Rakosnik, cuñado de Artur Mas).
Respecto a IECISA, adjudicataria de 7,8 millones de euros en 49 contratos gracias a Laquente, la fiscalía reconoce que en 2005, Laquente fue “el responsable de la preparación del contrato, de la definición del objeto a contratar y de los criterios de valoración” para otorgar un contrato a la UTE IECISA-Sermicro por el procedimiento de negociado sin publicidad (sin salir a concurso), dicho contrato no podía superar los 6 meses pero se fue a 4 años y no podía superar los 60.000 € pero ascendió a casi 4 millones de euros. Tras este contrato, IECISA ascendió a su mujer a la categoría de subjefa. En 2009, salió a concurso este contrato por más de 2 millones de euros, más prórrogas, y la persona a cargo de Laquente realizó “informes con valores anormales o desproporcionados”, resultando “aún cuando la oferta económica de IECISA era la peor de las presentadas, resultó adjudicataria”. La Fiscalía reconoce que se incumplió la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) ya que se abrieron las ofertas económicas antes de lo debido, por lo que sabían de antemano que puntuación necesitaba IECISA para llevarse el concurso teniendo la peor oferta económica. Pero estas cantidades no les bastaban y aún les dieron 37 contratos menores presuntamente fraccionando los contratos para evitar salir a concurso. Bien, pues todo esto no es indicio de delito!
Respecto a Seidor, la Fiscalía reconoce que en la OAC “no habían podido acreditarse debidamente las relaciones familiares y profesionales denunciadas mantenidas por el Sr Laquente con empleados de Seidor Microsistemes”.
A la OAC se le facilitó toda la información necesaria sobre las relaciones de Laquente con Seidor y como le adjudicó dos contratos por casi 3 millones de euros tras contratar a su hija, de un matrimonio anterior, y a su buen amigo Joan Antoni Rakosnik (cuñado de Artur Mas). También se les informó que el romance entre Rakosnik y Laquente viene de lejos, cuando en 2004 se destapó que ambos ocupaban el mismo puesto (Coordinador Informático del CTTI), pese a que Rakosnik trabajaba para una empresa subcontratada por 100.000€ anuales. Tras la llegada del Tripartit y destapado el asunto, despidieron a Rakosnik y trasladaron a Laquente al Deparament de Política Territorial i Obres Públiques (ahora Territori i Sostenibilitat), donde aún sigue ejerciendo como máximo responsable del área TIC. También fueron informados de que tras la denuncia, la hija de Laquente se había cambiado de nombre y el orden de sus apellidos.
La OAC tampoco ha presentado denuncia alguna por el exponencial crecimiento de Seidor tras fichar a Rakosnik y la llegada de CiU al poder, pasando de 5,3 a 322 millones de euros, un 6000% de crecimiento!!! Estos hechos fueron publicados por la prensa gracias al trabajo de los compañeros de la Sección que con el único objetivo de destapar los oscuros intereses que se esconden tras la subcontratación informática invirtieron infinidad de horas re-buscando en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) y realizando un exhaustivo documento que ha sido fuente de los distintos medios de comunicación.
La OAC en todo momento quiso tapar el asunto, y durante 2 años no hicieron absolutamente nada, hasta que los medios publicaron la noticia, fue entonces cuando el Director de la OAC, Daniel de Alfonso, tuvo que reconocer la existencia de la denuncia en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta.
La investigación sobre Seidor realizada por la OAC fue tan superficial que ni siquiera comprobaron que el administrador único de Seidor es el convergente Santiago Benito i Martínez, que llegó a ser Teniente de Alcalde en Vic (donde Seidor tiene su sede) y consejero comarcal de Osona.
La mafia político-empresarial sigue saqueando las arcas públicas con total impunidad y, tras modificar el modelo de subcontratación, el derroche de dinero público y la precariedad laboral siguen siendo las reinas de la fiesta, como ejemplo tenemos uno de los contratos más suculentos que fue adjudicado a la UTE IBM-INSA-Seidor por más de 150 millones de euros, pues la UTE tiene subcontratada una parte del servicio con IECISA y ésta hace lo propio con Sermicro. ¡5 empresas parásitas enriqueciéndose con dinero público a costa de los trabajadores y trabajadoras!
